La Cámara de Representantes prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2021 la suspensión de ejecuciones de sentencias de desalojo y el remate de inmuebles destinados a vivienda única y familiar, y agropecuarias con esas características, cuya ocupación sea superior a ocho años de antigüedad en predios urbanos y rurales, respectivamente, sean fiscales o privados. La vigencia de la suspensión está sujeta a que los beneficiarios acrediten que se encuentran empadronados conforme a la ley, antes del 28 de mayo de 2021.
Martín Sereno, uno de los diputados que propuso la prórroga, consideró que la medida “ha sido una herramienta medianamente eficaz para evitar el desahucio de familias y brindar plazos para que el Estado con sus diferentes actores busquen soluciones y medien en conflictos buscando asegurar los derechos de las familias que necesitan un lugar digno para habitar y el derecho de los privados que puedan exigir la titularidad de un inmueble”.
En la misma línea, el legislador Carlos Rovira, quien también presentó una iniciativa tendiente al mismo fin que fue considerada junto con la de su par, aseguró que “es necesario seguir suspendiendo las ejecuciones de sentencias que tienen por objeto ordenar el desalojo o remate de inmuebles destinados a vivienda única y familiar para seguir amparando y protegiendo a las familias misioneras que hoy más que nunca necesitan del apoyo del Estado”.
