El Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud entregó este miércoles las tarjetas AUNAR, una iniciativa impulsada por la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), con el apoyo Unicef.
Está destinada a fortalecer los espacios provinciales, municipales o con convenio con organizaciones sociales, donde se alojan niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales y adolescentes infractores de la ley penal.
La actividad estuvo a cargo de la ministra, Benilda Dammer, quien entregó las tarjetas a cada uno de los representantes de los hogares convivenciales y los pertenecientes al Servicio Penitenciario Provincial. En representación del SPP recibió las tarjetas correspondientes la subdirectora general del Servicio Penitenciario Provincial, Valeria Mereles.
Es una entrega única de alrededor de un millón de pesos, enviados desde Nación y destinados a 17 hogares convivenciales de la provincia y a dos del SPP para adolescentes en conflicto con la ley penal.
La ayuda económica tiene el objetivo de cubrir las necesidades básicas de las entidades durante el aislamiento social y obligatorio. Los fondos serán invertidos en la compra de artículos de limpieza, termómetros, alcohol, lavandina, juegos didácticos, además de ropas y calzados para los y las menores.
La ministra, Benilda Dammer, agradeció el apoyo del gobierno nacional con la implementación de políticas de inclusión social, destacó el trabajo que desarrollan los hogares convivenciales de Misiones y el compromiso de las personas a cargo de las entidades. “Como Estado tenemos la responsabilidad de garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de los y las jóvenes de la provincia, sobre todo a aquellos sectores más vulnerables”, subrayó.
Para el Gobierno de Misiones es prioridad garantizar una vida plena de las infancias y adolescencias, a través de la implementación de políticas públicas y firmas de convenios entre los organismos nacionales, provinciales y municipales. Lograr una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades es la responsabilidad y el desafío de los estados comprometidos con la protección y el cuidado de sus ciudadanas y ciudadanos.
