La Cámara de Diputados sancionó por unanimidad el proyecto de “ley Justina”, que marca un antes y un después en la donación de órganos en la Argentina. A partir de esta ley -sólo falta que el Ejecutivo la reglamente- todas las personas son donantes de órganos, salvo que hubieran expresado su voluntad contraria.
La ley fue sancionada por 202 votos a favor, sin abstenciones. Fue el final de una sesión emotiva, que terminó con todos los diputados aplaudiendo de pie.
El proyecto, del senador Juan Carlos Marino, había sido aprobado en el Senado por unanimidad el 30 de mayo. En Diputados no necesitó discusión. Con pleno consenso se votó la ley que adoptó el nombre de Justina Lo Cane, la nena de 12 años que falleció el año pasado, el 22 de noviembre, por no recibir un trasplante de corazón a tiempo. Como pasó en el Senado, los padres de Justina, Ezequiel y Paola, también sus hermanos y abuelos, siguieron todas las alternativas, presentes en el recinto -junto al senador Marino-, con profunda emoción.
La nueva ley regula las actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano en la Argentina. Prevé que los establecimientos de salud habilitados para hacer trasplantes cuenten con servicios destinados a la donación, que permitirán detectar, evaluar y tratar al donante.
Hay unas 10.500 personas en la Argentina que esperan por un trasplante, se destacó durante el debate. Y sólo donan hasta ahora, 13 personas por cada millón de habitantes.
La ley, que modifica la normativa anterior, establece la donación cruzada en el caso de trasplante de riñón (con donante vivo). También explicita que podrá realizarse la ablación de órganos y/o tejidos, a toda persona capaz mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de oposición a que después de su muerte se realice la extracción de los mismos.
Los discursos fueron emotivos en el recinto y afloraron incluso situaciones personales dramáticas como la del diputado peronista salteño, Pablo Kosiner. “A veces en política no es recomendable autorreferenciarse. Pero en este caso es para esclarecer. Los que hemos perdido un hijo solemos hablar en presente, esta ley podría denominarse también ley Juan Pablo, perdí a Juan Pablo en 2011 esperando en el Hospital Italiano un trasplante. Nunca imaginé que las circunstancias de la vida me iban a llevar a esta situación. El desafío de esta ley es la presunción de donación. Podría estar ahí -señaló Kosiner al palco- y compartir asiento con Graciela, mi mujer, junto a Paola y Ezequiel”, les habló a los padres de Justina. Juan Pablo Kosiner tenía 16 años cuando falleció.
El diputado Daniel Lipovetzky también contó que compartió internación de su hijo junto a Justina, y en esa angustia conoció a sus padres. “Hoy estamos cumpliendo el mandato popular de votar leyes para que mejoren la calidad de vida de los argentinos”, sostuvo Lipovetzky, que mencionó una decena de proyectos en el mismo sentido -entre ellos uno del propio Kosiner- que consideró englobados en el que llegó del Senado. Enseguida, la titular de la comisión de Salud, Carmen Polledo, destacó que “esta ley nos lleva a un cambio de paradigma” en la donación en el país.
La radical Gabriela Burgos se dirigió emocionada al palco donde estaban los padres de Justina: “Los felicito, gracias por su esfuerzo y su trabajo”, les habló emocionada. En su discurso dijo que 7.738 personas necesitan un trasplante con urgencia según el Incucai para “salvar su vida en este momento”; y “sólo el 6,41% es donante, lo que la ley trata de revertir”. Casi 6 mil esperan trasplante de riñón, la demanda más frecuente. El número global de 10.500 se llega con quienes esperan trasplante de córnea.
María Fernanda Raverta, del Frente para la Victoria, argumentó el apoyo de esa bancada. Recordó que en 1993 se sancionó la primera ley y que en 2005 se incluyó la figura del donante presunto, entre otros avances. “Con Justina no logramos encontrar el corazón a tiempo. Esta ley va a encontrar respuesta a una parte, encontrar donantes, pero no es suficiente. Debemos tener políticas públicas, que el Estado se comprometa con presupuesto”.
