En el marco de las disposiciones que el Superior Tribunal de Justicia de Misiones viene tomando a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio, Marcela Leiva, jueza Correccional y de Menores de Posadas, mediante las nuevas tecnologías, realizó este viernes un juicio online a través de una videoconferencia en la plataforma zoom.
En una tarea conjunta entre los servicios informáticos del Poder Judicial y el Servicio Penitenciario de la Provincia, la jueza a cargo de la causa se reunió en la Sala de Debate del Juzgado a su cargo donde la acompañaron María Laura Alvarez, Fiscal Correccional y de Menores Nro 1; Juan Carlos Rolón, abogado defensor, respetando todas las medidas de sanitización correspondientes en el contexto determinado por la pandemia COVID-19, en tanto Juan Alfredo G.L., que desde la Unidad Penal Nº VI de Miguel Lanús, accedió a la última parte de su proceso judicial.
De esta manera, Misiones nuevamente es la primera provincia de la región NEA en utilizar esta modalidad de juicio online, si bien por el momento se ha decidido aplazar la mayoría de los procesos y plazos judiciales, hay juicios urgentes que no pueden esperar y deben concretarse.
Siendo esta una manera muy eficaz de dar respuestas judiciales en medio de la emergencia sanitaria que se está viviendo, los jueces están legitimados para optar por medios alternativos siempre que se cumplan dos requisitos: que se graben todas las comparecencias y que los secretarios judiciales den fe pública de la identidad de cada una de las personas que intervengan durante el proceso.
El veredicto
Marcela Leiva, condenó a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo a Juan Alfredo Gómez Lezcano, por el delito de “amenazas agravadas por el uso de arma".
Juan Alfredo Gómez Lezcano, que está preso hace casi dos años, siguió el debate por teleconferencia, a través de la plataforma Zoom, desde la Unidad Penal VI de Miguel Lanús.
Gómez Lezcano amenazó a su ex pareja con una herramienta utilizada para cortar tarugos luego de que la mujer se negara a retomar la relación con él. La intimidación fue el último paso de una larga saga de hostigamientos a los que había sometido a su ex, con la que tiene un nene de 8 años.
El día del hecho, el 21 de julio de 2018, fue a la casa de la denunciante, porque debía llevar al hijo, que había pasado los tres días anteriores con él. En el patio delantero de la residencia de la avenida Kolping de Posadas, intentó besar a la mujer, a lo que ella se negó. Hacía un tiempo que estaban divorciados. Después, él le pidió que se definiera con respecto a lo que le había propuesto: volver.
Como la víctima rechazó reestablecer el vínculo, Gómez Lezcano sacó su herramienta y amenazó con atacarla. Los gritos horrorizados de su ex pareja lo hicieron retroceder. Y finalmente escapó cuando apareció en escena un efectivo de la Policía que ya custodiaba la integridad física de la mujer ante las constantes intimidaciones que sufría por parte del ahora condenado.
En la investigación se determinó que el acusado le escribía mensajes de WhatsApp de manera constante a la madre de su hijo. Le exigía incluso tener relaciones sexuales. Siempre estaba hostigando.
En la puerta del auto de Gómez Lezcano encontraron la herramienta utilizada para la amenaza. Fue arrestado poco después del episodio.
El debate había comenzado antes de la pandemia y finalmente terminó este viernes, de manera online. En la sala de audiencias del Correccional 1, estuvieron la magistrada Leiva, la fiscal María Laura Álvarez y el defensor del acusado, Juan Carlos Rolón, respetando todas las medidas de sanitización correspondientes al contexto determinado por la pandemia del COVID-19. En tanto que el acusado, desde la Unidad Penal VI de Miguel Lanús, accedió a la última parte de su proceso judicial.
Tras su alegato, la fiscal Álvarez pidió 6 años de cárcel para el imputado. En tanto que Rolón se pronunció por el sobreseimiento.
La jueza Leiva le aplicó un castigo de 5 años de encierro. Además, dispuso que cumpliera la pena en la Unidad Penal I de Loreto. Asimismo, ordenó que el condenado realice un tratamiento psicológico en la Dirección de Violencia Familiar y Género del Ministerio de Desarrollo Social.
