Los gendarmes llevaron a cabo el registro de seis inmuebles ubicados en diferentes localidades y en la capital de la provincia. El estupefaciente fue hallado cargado en un semirremolque. En uno de los domicilios que fueron registrados.
Se decomisaron nueve vehículos, dos botes, tres armas de fuego, divisas y documentación de interés para la causa. Hay cuatro personas detenidas. Dos de ellas presentaban solicitud de captura.
Efectivos de la Unidad de Reunión de Información “Misiones”, luego de realizar tareas investigativas por el transcurso de un año, con conocimiento de la Fiscalía Federal N° 2 y del Juzgado Federal de Posadas, pudieron avanzar en las pesquisas que determinaron la existencia de una banda delictiva familiar que se dedicaba al tráfico ilícito de drogas, operando en distintos puntos de la provincia de Misiones.
A raíz de este hecho, el Magistrado interviniente orientó a los gendarmes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Misiones” y los Escuadrones 9 “Oberá”, 11 “San Ignacio” y 50 “Posadas” efectúen el registro de seis domicilios ubicados en las ciudades de Posadas, Gobernador Roca, Jardín América, Puerto Rico, Colonia Polana y Colonia Gisela.
Los uniformados, como resultado de los operativos, detectaron en uno de los allanamientos efectuado en una finca de Gobernador Roca que en el semirremolque de un camión Volvo se acondicionaban 463 bultos que contenían paquetes con una sustancia vegetal. Al ser sometida a las pruebas de campo Narcotest arrojaron resultado positivo para “cannabis sativa”, cuyo peso total fue de 8.829 kilos 87 gramos.
Además, personal de la Fuerza incautó 17.700 dólares estadounidenses, 1.000.000 de pesos argentinos, nueve vehículos, dos botes, tres armas de fuego y elementos de interés.
Los funcionarios lograron detener a cuatro personas (dos de las mismas presentaban solicitud de captura). Asimismo, los integrantes del clan familiar, que residían en la localidad de Jardín América, cumplían roles distintivos dentro de la organización.
La red delictiva había adquirido fincas en la margen del río Paraná para utilizarlas como puertos de ingreso de estupefacientes al territorio argentino, contando con una logística para realizar transporte fluvial y terrestre.
