Antes de viajar a Alta Gracia para descansar en el fin de semana largo, Mauricio Macri firmó el decreto de necesidad y urgencia para reformar, la ley 22.802, de Lealtad Comercial, con el que se propone endurecer los controles a los supermercados, proteger a las pyme y regular la competencia en el comercio. La normativa prevé la aplicación de multas de hasta $ 200 millones para las firmas infractoras.
Se trata de una norma que estaba vigente desde la dictadura (fue promulgada en mayo de 1983) pero que, según entienden en el Gobierno, había quedado obsoleta. De ahí que en las próximas horas su modificación será publicada en el Boletín Oficial. Es que, para acelerar su implementación, el Presidente decidió que los cambios que trazó el ministro de Producción, Dante Sica, fueran vía DNU, por lo que salteará al Congreso, pese a los cuestionamientos que se hicieron sentir desde un sector de la oposición y también de empresarios.
Pudo más la necesidad de enviar una señal interna, especialmente a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien había presentado una Ley de Góndolas, enojada con los supermercadistas; y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que pidió elaborar un proyecto a nivel provincial al ministro de Economía, Hernán Lacunza.
(Fuente: Clarín)